“CECE celebra el anuncio del Ministerio de Educación y reafirma su compromiso con la legalidad y transparencia en la escuela concertada, rechazando falsos relatos malintencionados"
Ante las noticias que se están publicando en relación al anuncio del Ministerio de estudiar el coste de la plaza escolar.
El Gobierno ha incumplido el compromiso legal de calcular el coste real de la plaza escolar de la educación concertada, exigido por la ley al menos desde 2006. Nos alegra que el Gobierno anuncie que por fin dará cumplimiento a esa obligación exigida por la LOE y la LOMLOE.
Son falsas las acusaciones vertidas sobre los centros de educación concertada, relativos a la práctica de cobro de “cuotas ilegales” o el incumplimiento de la normativa de admisión.
Dada la existencia de relatos malintencionados e interesados, nos vemos en la obligación de realizar las siguientes aclaraciones, en defensa de la pluralidad de modelos y de la opción educativa escogida por millones de familias en nuestro país:
- La educación concertada es un modelo que promueve la igualdad de oportunidades. Su existencia garantiza una sociedad más abierta y plural. Los centros concertados acogen a alumnos de todas las condiciones socioeconómicas y realizan un evidente esfuerzo de integración de los alumnos con necesidades específicas. Las políticas públicas que no respeten la libertad de elección de las familias lesionan un sistema educativo que debe ser plural y complementario.
- La infrafinanciación estructural de la concertada es una evidencia consolidada que impacta en las familias. Diversos informes e investigaciones académicas han demostrado que los centros concertados sufren una grave situación de infrafinanciación. Los fondos públicos asignados a los alumnos de la educación concertada nunca han llegado a cubrir el coste real de la prestación educativa, con el consiguiente impacto en sus familias. La actualización de los módulos de concierto es una demanda histórica de las familias, plantillas y centros para poder seguir ofreciendo una educación de calidad en condiciones de gratuidad.
- Han pasado 18 años desde que la LOE, en 2006, recogiera el compromiso formal de estudiar el coste del puesto escolar para incrementar la financiación hasta cubrir el coste real completo, y no se ha cumplido ese compromiso, presente también en la LOMLOE, aprobada hace ya cuatro años. El actual gobierno no ha reunido, en estos seis años de mandato, a la Comisión que lo debería estudiar.
- Los colegios concertados cumplen con la normativa vigente en cuanto a gratuidad de la enseñanza y están comprometidos con la transparencia en los procesos de admisión, tal y como reflejan las inspecciones anuales y los diferentes controles establecidos por la ley. Falta que el Gobierno cumpla con esa misma obligación de financiar la gratuidad.
- Cualquier reforma o actualización de la financiación debe tener en cuenta las necesidades reales de las familias y los centros, buscando soluciones que contribuyan también a resolver las necesidades de conciliación que tienen las familias.
Desde nuestra organización continuamos trabajando por una educación concertada accesible, transparente y de calidad, que complemente al sistema educativo público y ofrezca una alternativa a las familias dentro del marco legal y normativo.