El conjunto de organizaciones advierte de que la nueva normativa sobre el SMI y la modificación del régimen de compensación y absorción comprometen la sostenibilidad de los servicios y el empleo de personas con discapacidad si no se ajusta la financiación pública.

 

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Educación y Gestión (EYG) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), manifiestan su preocupación por el fuerte impacto que tendría la aplicación del Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 y los cambios previstos en el régimen de compensación y absorción. Las entidades estiman que esta normativa supondría un incremento medio del 17% en los costes salariales, un aumento imposible de asumir con los actuales sistemas de financiación pública.

 

Un sector intensivo en empleo y sin margen de adaptación

Las organizaciones recuerdan que la atención a personas con discapacidad, la educación especial y el empleo protegido dependen de estructuras laborales amplias y altamente especializadas. En un sector intensivo en empleo, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de conciertos, contratos y subvenciones públicas que no se actualizan al ritmo de las obligaciones salariales, la nueva normativa generaría tensiones que comprometerían la viabilidad de los centros, la estabilidad de los profesionales y la continuidad de servicios esenciales.

Las patronales advierten de que esta situación, además, afectaría directamente al empleo de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo de iniciativa social. Incrementos de costes de esta magnitud, sin medidas de acompañamiento, reducirían la capacidad de las entidades para mantener y  de generar puestos de trabajo inclusivos.

La reforma planteada se produce en un momento en el que el sector de atención a la discapacidad afronta una situación especialmente compleja, con dificultades para cubrir vacantes, retener talento y hacer frente al aumento generalizado de costes. Esta coyuntura, agravada por la falta de actualización en la financiación pública, pone en riesgo la viabilidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.

 

Propuestas para una aplicación viable de la normativa

Las patronales comparten el objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero subrayan que estas mejoras deben aplicarse de forma compatible con la sostenibilidad de los servicios y con la protección del empleo de las personas con discapacidad. Por ello, consideran imprescindible que la transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 y el nuevo régimen de compensación y absorción incorporen mecanismos de adaptación, respeten la negociación colectiva y garanticen una financiación acorde con el impacto real de la normativa.

De lo contrario —advierten— las medidas podrían generar efectos contrarios a los objetivos de inclusión, provocando el deterioro de los apoyos, la reducción de servicios y la pérdida de empleo protegido.